Santo Domingo. El Congreso Nacional se encuentra en la recta final de discusión sobre la entrada en vigor del nuevo Código Penal de la República Dominicana (Ley 74-25), promulgado en agosto de 2025 por el presidente Luis Abinader. La normativa sustituirá al texto de 1884 y está prevista para aplicarse a partir del 3 de agosto de 2026, aunque legisladores estudian extender seis meses más el plazo de preparación para permitir ajustes en el sistema judicial.
Un cambio histórico
El Código Penal vigente, inspirado en el modelo francés, ha estado en uso por más de 140 años. Juristas coinciden en que su estructura resultaba obsoleta frente a los desafíos actuales. La nueva ley introduce más de 70 nuevos delitos, eleva las penas máximas a 40 años de prisión —con casos excepcionales de hasta 60— y reconoce la responsabilidad penal de las empresas, un aspecto ausente en la legislación anterior.
Delitos modernos
Entre las novedades más destacadas figuran: Feminicidio: Se tipifica como delito autónomo, con sanciones agravadas. Ciberdelitos: Se incluyen fraudes digitales, ciberbullying y el uso de deepfakes para chantaje. Corrupción pública: Se endurecen las sanciones contra funcionarios que incurran en malversación o sobornos. Violencia económica: Se reconoce como forma de abuso dentro del ámbito doméstico. Desaparición forzada: Se penaliza de manera explícita, alineando la legislación con tratados internacionales.
Debate en el Congreso
Aunque la reforma ha sido celebrada como un avance, persisten debates en torno a las tres causales del aborto, que no fueron incluidas en el texto final. Organizaciones feministas y sectores de la sociedad civil insisten en que la ausencia de estas disposiciones mantiene una deuda histórica con los derechos de las mujeres.
Por otro lado, sectores empresariales han expresado preocupación por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, argumentando que podría abrir la puerta a sanciones excesivas contra compañías por actos individuales de empleados.
Reacciones sociales
Juristas: Señalan que el nuevo código moderniza la justicia penal y fortalece la capacidad del Estado para enfrentar delitos complejos. Organizaciones feministas: Critican la exclusión de las tres causales y advierten que seguirán presionando por una reforma complementaria. Empresarios: Piden claridad en la aplicación de sanciones a las empresas para evitar inseguridad jurídica. Ciudadanía: Valora el endurecimiento de penas frente a delitos graves como el sicariato y la corrupción.
Implicaciones
La reforma busca fortalecer la credibilidad de la justicia, garantizar mayor protección a las víctimas y ofrecer herramientas legales frente a delitos complejos. Sin embargo, la falta de consenso en temas sensibles como el aborto y la aplicación empresarial podría retrasar su implementación o generar nuevas reformas complementarias.
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